Con el anuncio de un proyecto de ley para el Congreso Estatal, propuesto por el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso, que plantea la expropiación de edificaciones abandonadas con el fin de evitar que estas sean utilizadas como puntos de venta de droga o “picaderos”, el titular de la FGE confirmó que se busca replicar en el estado la Ley de Extinción de Dominio que existe en el ámbito federal.

“Estamos trabajando dos temas importantes que yo lo he platicado con el Congreso y en su momento también dentro de la mesa estatal de justicia cuando yo era secretario de la pública junto con la gobernadora comentábamos que era necesario este tipo de casos este tipo de reformas, dos, una, el tema de lo que existe en el ámbito federal con la ley de extinción de dominio, que es un ámbito federal, pero que nosotros queremos hacer un modelo en el ámbito estatal”, detalló el fiscal.

En este sentido, la Ley de Extinción de Dominio es un mecanismo legal que permite al Estado declarar la titularidad de bienes, sin contraprestación alguna, cuando son producto de actividades ilícitas como la delincuencia organizada, narcotráfico o trata de personas; por lo que se buscará que esta pueda homologarse en el ámbito estatal.

Para ello, el fiscal señaló que se buscaría crear una unidad especializada dentro de la FGE que se encargaría principalmente de los decomisos de dichos esquemas para evitar la reincidencia delictiva en estos espacios.

“Estamos buscando crear una unidad especializada en la fiscalía donde tenga hagamos un acuerdo, tengamos precisamente esta nueva unidad o fiscalía especializada que principalmente lo que buscamos es el decomiso de aquellos esquemas que son factibles para que la criminal siga operando”, detalló el fiscal.

Finalmente, Manuel Alonso señaló que los lugares que sean expropiados por este esquema propuesto podrán ser posteriormente destinados para brindar vivienda a personas de escasos recursos mediante un programa social del Gobierno del Estado, en lugar de reincidir como un punto de venta de sustancias ilícitas, como comúnmente se hace.

“No tenemos una normativa donde ese inmueble se puede incautar y se pueda precisamente inhabilitar, lo que buscamos en esta iniciativa es que también este tipo de inmuebles o se les recupere a sus propietarios y se les dé un buen uso en el tema habitacional; o que entre el programa que también trae el gobierno del Estado de vivienda, donde la gobernadora ha anunciado este programa o viene entregando casas o viviendas para gente de escasos recursos”, afirmó el fiscal.