La cantidad de centros de rehabilitación clandestinos en Aguascalientes plantea una necesidad urgente de regulación. Según el doctor Héctor Grijalva, titular de Salud Mental de Aguascalientes, estos anexos no solo son numerosos, con alrededor de 70 operando sin certificación en el estado, sino que además acogen a menores sin la autorización correspondiente.

En este sentido y sin ir más lejos, el pasado 27 de octubre, se localizó en Aguascalientes a un menor originario de San Luis Potosí, reportado como desaparecido desde agosto, quien había permanecido en el anexo “Sólo por hoy”. Según se informó, el joven ingresó voluntariamente, aunque sin proporcionar su nombre.

Al respecto, Mariana Ávila Montejano, titular del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) comentó sobre el peligro que conlleva que dichas instalaciones clandestinas operen y se prive de su libertad a menores de edad que entran sin autorización a los recintos; además de denunciar la falta de protocolos y de actuar por parte de las autoridades respecto a este tema de desaparecidos en anexos.

“Estuvo supuestamente internado dos meses en este lugar sin un registro, sin tener ellos el conocimiento de cual era su nombre, alegando él no quiso dar su nombre, pero sí sabiendo que era menor de edad. Ellos tendrían que haber dado aviso a las autoridades no sólo a la fiscalía, sino al DIF, Sipina y además saber si alguien estaba buscando a este jovencito.” Comentó Mariana Ávila.

La falta de investigación en torno a estos centros que reciben menores sin notificación adecuada es motivo de preocupación, afirmó la titular del observatorio; esto dado que estos espacios ya han sido objeto de denuncias por violencia y otros abusos, tanto en Aguascalientes como en otras partes del país, Mariana Ávila considera que deberían existir protocolos y regulaciones claras para proteger a quienes ingresan, especialmente si son menores de edad.

Finalmente, el Observatorio de Violencia Social y de Género hace un llamado a las autoridades para que realicen inspecciones en estos anexos, involucrando a la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ministerios públicos y demás instancias a nivel estatal, municipal y federal. El objetivo es realizar una revisión exhaustiva de los centros de rehabilitación en el estado para asegurar que funcionen bajo condiciones adecuadas y conforme a la ley, protegiendo así los derechos y la seguridad de los internados.