El Juez Cuarto de Distrito, concedió un amparo contra el CBTIS 39 «Leona Vicario» con sede en Aguascalientes, luego de que una estudiante -menor de edad-, denunció que fue víctima de acoso sexualpor parte de personal de la institución y lejos de que se le brindara protección, decidieron sancionarla por haber visibilizado el caso, recabado firmas de protesta.

La Justicia Federal concedió el amparo que protege no sólo a la afectada sino a toda la comunidad académica, después de que la institución decidió suspender de clases a la víctima (una suspensión que vino acompañada de amenazas hacia ella y hacia su familia), sanción que emitió el plantel en mayo del 2023.

Ante ello, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, decidió iniciar un proceso de acompañamiento con la interposición de un amparo en el que se buscó la revocación de la sanción emitida por el CBTIS, la apertura de una investigación sobre lo ocurrido con el personal y la protección al alumnado. Amparo que le fue concedido.

En una decisión histórica para Aguascalientes, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, decidió amparar a la víctima y ordenó al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 39 «Leona Vicario» lo siguiente:

  • Dejar sin efectos la sanción emitida en fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés, emitida contra la alumna en cuestión.
  • Ordenar una investigación del acoso sexual denunciado, así como la revictimización, respetando el derecho de audiencia de cada una de las partes involucradas y determinar lo conducente al concluir el procedimiento.

En este último punto, el Poder Judicial detalla que la institución deberá en todo caso «Tomar las medidas que considere necesarias para proteger y salvaguardar la integridad» no sólo de la víctima sino de los demás alumnos inscritos en el plantel, para minimizar riesgos.

Además, el CBTIS en cuestión deberá:

  • Elaborar un protocolo de actuación para atender el acoso sexual por parte del personal administrativo o docente.

Y es que, cabe señalar que el Poder Judicial Federal detectó que efectivamente la institución no contaba con ningún protocolo de atención en este tipo de casos, el cual, permitiera contener y erradicar cualquier conducta de acoso o violencia escolar.

El protocolo que ordena el Juzgado Cuarto, deberá ser exhibido mediante un oficio para su cumplimiento.

Esta, es una decisión histórica que sienta precedente en el sector educativo no sólo a nivel estatal sino federal, y que tuvo su origen con una denuncia contra un prefecto de la institución por presunto acoso y un docente por revictimización.