Mediante un comunicado emitido por la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) y Salvemos La Pona A.C., las asociaciones señalan que un juez federal dio inicio a un juicio de amparo en contra de la deforestación de La Pona, por lo que se ordena a las autoridades salvaguardar el área mientras se deslindan responsabilidades.
“Las omisiones de autoridades estatales y municipales permitieron la destrucción ilegal del ecosistema de La Pona, clasificado como suelo forestal. […] Lo que ocurrió en La Pona es un acto ilegal e irreversible. Las autoridades debieron proteger el espacio, pero fue la ciudadanía quien lo defendió en el territorio”, afirman las organizaciones en el texto.
De igual manera, en el comunicado se destaca que las organizaciones realizaron la denuncia el 25 de abril, bajo el contexto de los incendios recientes, así como de las actividades de desmonte y derrumbe en el “Desarrollo Especial La Pona”. Argumentan que dichos procedimientos no contaban con una autorización federal ni seguían con lo previsto en la legislación ambiental.
Sobre el juicio, se destaca que este fue promovido por las organizaciones de la mano del Observatorio de Violencia Social y de Género A.C. y Conversa Sur A.C. (integrantes de ADN-A), así como de la abogada Carla Escoffié. Actualmente, está siendo tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, que concedió una suspensión provisional, lo que obliga a frenar las obras mientras se resuelve el caso.
“Este caso demuestra que las autoridades no pueden lavarse las manos ante la devastación ambiental. Si permiten el desmonte en suelos forestales sin intervenir, están violando derechos humanos y dejando en la impunidad actos que afectan a toda la ciudad”, afirmó Carla Escoffié.
En dicho juicio, las organizaciones sostienen que La Pona es un suelo forestal cuya protección requiere de participación federal, por lo que el otorgamiento de permisos solo desde el ámbito estatal o municipal es ilegal. La demanda advierte que permitir estas acciones desde el ámbito local, además de invalidar las competencias federales, también puede dar origen a nuevas amenazas sobre otros ecosistemas urbanos en riesgo.
“Esta demanda sienta un precedente: demuestra que la defensa colectiva del medio ambiente en zonas urbanas es posible y necesaria. No permitiremos que se normalice la devastación de nuestros últimos ecosistemas por intereses inmobiliarios”, afirmó la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes.
Actualmente, el juicio continúa en curso, por lo que las organizaciones, mediante el comunicado, realizaron un llamado a la ciudadanía a mantenerse al tanto del procedimiento, así como a exigir que se garantice el respeto al derecho humano a un ambiente sano.
