Samantha Fierro es una mujer que ha denunciado ser víctima de violencia obstétrica, tortura y abuso sexual dentro del Centro de Reinserción Social Femenil (CERESO) y por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), que dio mayor visibilidad a su caso en junio de este año, denuncia la impunidad y el estancamiento del caso, a pesar de las evidencias presentadas e incluso de la identificación de un presunto culpable.
“La denuncia existe, pero no existe carpeta de investigación respecto a este, que es lamentable que un servidor público que abusó sexualmente de una detenida y que, aparte, la torturó tanto física como psicológicamente siga laborando entre las filas de la fiscalía. Sigue cobrando un sueldo, estando armado y ejerciendo violencia contra otras mujeres detenidas”, denunció Erick Román, esposo de Samantha.
En este contexto, miembros del OVSGA y el esposo de Samantha, quien también fue víctima de tortura, señalaron que el principal acusado, Mario Arturo “N”, continúa en libertad y trabajando en la FGE. Denunciaron que no se han tomado acciones respecto a las denuncias presentadas desde 2020, un año después de que Samantha ingresó al CERESO. Erick Román lamentó el actuar de las autoridades de la fiscalía estatal, a las que acusó de encubrir tanto a los perpetradores de delitos y abusos como los resultados de protocolos, refiriéndose al Protocolo Estambul practicado a él y a su esposa por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), cuyos resultados habrían sido ocultados por la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura.
“La Fiscalía Especializada en Materia de Tortura está actuando de manera perversa, ya que canceló el protocolo que se le practicó a Samantha en diciembre de 2023 […] Presumimos que el resultado fue positivo y quisieron ocultarlo”, afirmó Erick Román.
Asimismo, Erick denunció el caso de Víctor Hugo, padre de Samantha, a quien tampoco le mostraron los resultados del protocolo, los cuales fueron ocultados durante un año.
“La procuración de justicia en Aguascalientes, lamentablemente, es selectiva y discriminatoria. Si no eres allegado al fiscal, no recibes atención”, lamentó el esposo de Samantha.
Finalmente, Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, informó que ya se presentó un amparo y se está preparando una solicitud de indulto para Samantha Fierro y otras tres mujeres en situaciones similares. Destacó que, según datos del Registro Nacional de Tortura, aproximadamente el 70% de las mujeres detenidas en el país han sufrido algún tipo de tortura sexual por parte de agentes del Estado; de ellas, menos del 20% llega a una carpeta de investigación.
