Cuatro meses antes de que los cuerpos de Valeria y sus dos pequeños hijos, de uno y cinco años de edad, fueran encontrados enterrados en una fosa clandestina ubicada en una vivienda de San Francisco de los Romo, la joven de 20 años de edad, había pedido auxilio de la policía de aquel municipio y su reporte fue resuelto con una llamada de atención al agresor para que se retirara del lugar.

«Si ese día lo hubieran detenido, Valeria y sus hijos seguirían vivos», se repiten una y otra vez familiares y defensores del caso que estrujó a Aguascalientes por su crueldad y por la negligente actuación de autoridades que dieron con los cuerpos sin vida de la familia Dávalos gracias a los elementos que aportó con insistencia la familia de Valeria.

La hermana de Valeria, en entrevista exclusiva con Prueba En Contrario reveló como la joven cuatro meses antes de su feminicidio y el homicidio de sus sobrinos, se vio obligada a llamar a una patrulla cuando su agresor, Ivan N. protagonizó un disturbio y grave episodio de violencia en el fraccionamiento La Ribera, perteneciente a San Francisco de los Romo.

Al arribar, los elementos se limitaron a exigir al hoy principal sospecho del feminicidio de Valeria, que se retirara del lugar y que dejara de estar molestando a la familia, pero lo dejaron libre pese a la violencia que ejercía contra la joven que cuatro meses después fuera encontrada en una fosa clandestina de un domicilio del mismo municipio, San Francisco de los Romo.

Activistas se pronuncian y exigen Justicia por Valeria y sus hijos

El Observatorio de Violencia Social y de Género emitió un pronunciamiento oficial por el caso de Valeria y sus hijos, evidenciando las omisiones y actos de negligencia en los que se incurrió antes de este feminicidio y multihomicidio, que pudieron prevenirse con la detención previa del agresor denunciado, pues ya existían indicios de violencia en registros oficiales.

Aquí el posicionamiento íntegro:

-A la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

– A la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas.

– A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS), como acompañantes y defensoras de derechos humanos, nos pronunciamos contra la violencia institucional que busca silenciar una realidad latente en Aguascalientes: vivimos en una de las entidades con las tasas más altas de violencia contra las mujeres en nuestro país.

Dado nuestro contexto, en el que se ha creado una cultura del silencio, de la omisión y de responsabilizar a las víctimas, no es posible sostener la ficción que implican los programas que han creado para supuestamente atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia, siendo ésta una forma de decirle a la sociedad que no saben qué hacer, ni cómo hacerlo. Con ello aceptan que no les importa la vida de la población que a diario vive los impactos de décadas de políticas de simulación en materia de derechos humanos y de capacitación en perspectiva de género.

A continuación exponemos algunas de las omisiones y declaraciones institucionales sobre el proceso de Citlali Valeria Ávila Dávalos, de 20 años de edad, y de sus dos hijos, Neithan y Jonathan, de 1 y 4 años de edad, respectivamente:

Valeria y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas el pasado 26 de octubre de 2024; la fiscal especializada, Marcela Femat, no se pronunció ante la localización de la fosa clandestina en una casa abandonada en el municipio de San Francisco de los Romo, donde las tres personas fueron localizadas; tampoco se ha pronunciado sobre cuáles fueron las hipótesis de búsqueda y acciones concretas para localizar con vida a Citlali, Jonathan y Neithan, ni ha dado cuenta del porqué tardaron tanto tiempo en girar la orden de cateo, a pesar de la información proporcionada por la familia y la constante petición de que se revisara dicho domicilio.

Ante las declaraciones de la familia de Valeria sobre los reportes que ella hizo hace cuatro meses a los servicios de emergencia por violencia en su contra, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE), Manuel Alonso García, negó que se tuvieran reportes y justificó la violencia que Valeria sufrió, estigmatizándola a ella y su entorno.

El feminicidio de Valeria se consumó siendo el número 17 del estado de Aguascalientes en el 2024.

La respuesta del alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, fue hacer pública su intención de “implementar la clausura de viviendas abandonadas para evitar que paracaidistas las habiten y cometan delitos al interior de éstas”; por su parte, la alcaldesa de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, no se ha pronunciado sobre este caso.

Lo anterior, sumado a la recurrente estigmatización bajo la que operan las instituciones hidrocálidas, significa que éstas operan fuera de todo análisis de contexto, y que no están materializando políticas públicas para prevenir la violencia feminicida en nuestra entidad.

Cuando hablamos de un Estado feminicida, estamos hablando de lo que vivieron Valeria y sus hijos al enfrentar a su agresor, sino también de la revictimización de la que han sido víctimas por las inoperantes autoridades y sus interminables justificaciones estigmatizantes. Estas mismas autoridades sugirieron, sin haber analizado detenidamente el contexto de violencia, que ella simplemente “se había ido de Aguascalientes”, lo que impidió su búsqueda inmediata. Sus prejuicios y perspectivas machistas tuvieron un impacto directo y significativo en la vida de Citlali Valeria, Neithan y Jonathan.

Es urgente que el gobierno del estado de Aguascalientes, así como el de cada uno de sus municipios, reconozcan y materialicen sus obligaciones respecto al deber de prevención en casos de violencia de género, que apliquen el concepto de “riesgo real e inmediato” ante una desaparición o la comisión de un delito, y que comprendan la importancia de la rápida reacción y del análisis de contexto en los procesos de investigación ante cualquier acto que ponga en riesgo o vulnere los derechos humanos de las mujeres.