Durante la décima segunda sesión ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, se aprobó con 19 votos el dictamen que resuelve la iniciativa por la que se reforman los artículos 27, 46 y 70 de la Constitución local, con el propósito de incorporar la figura de “obra pública financiada” como modalidad válida para establecer compromisos plurianuales.

Según el comunicado emitido por el Congreso: la obra pública financiada es un modelo que consiste en que el contratista ejecuta la obra con recursos propios, bajo licitación pública, y el Estado o Municipio realiza los pagos parciales a lo largo de varios ejercicios fiscales, una vez verificada la correcta ejecución de la obra.

Este esquema habilita mecanismos que facilitan las inversiones a largo plazo en proyectos financiados, y es muy similar a las concesiones o Asociaciones Público-Privadas (APP); además, según explica la diputada presidenta de JUCOPO, Alma Hilda Medina, es un esquema que ya se está implementando en otros estados de la República.

“Es una reforma constitucional, es una reforma de un tipo de obra que ya se lleva a cabo en diversos estados, como la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León; este es un esquema en donde al gobierno del Estado le permiten, y por parte también del Ejecutivo, les permite hacer una obra pública financiada a varios años, es decir, el sector privado realiza la obra y después de terminada le empieza a cobrar al Estado por diversos años acordados”, señaló la legisladora.

En este sentido, la diputada destaca que este modelo se diferencia de las APP debido a que en estas se ofrece un servicio que además debe registrarse en Hacienda federal, mientras que en la Obra Pública Financiada se entrega la obra completa, la cual, al finalizarse, comienza a generar los cobros al Gobierno del Estado, siguiendo un esquema muy similar entre ambas.

“La APP es un servicio y esto es una obra. La APP es una prestación de un servicio que se tendría que registrar en Hacienda federal y esto no, esto es una obra, no es un servicio. Terminada la obra se termina, pues por decir, la relación, ya nada más queda el pago”, añadió la legisladora.

Finalmente, la diputada descartó que con la aprobación de esta iniciativa se realicen inversiones sin control, pues destacó que esta se encuentra blindada por una serie de criterios que protegerán las finanzas del Estado y de los municipios.

“Estamos cuidando también el tema de los municipios y del Estado, hay que también ser muy responsables con el tema de hasta dónde los municipios pequeños van a poder adquirir este tipo de obra. […] Siempre cuidando la responsabilidad, siendo muy responsables financieramente, cuidando a los municipios, sobre todo a las futuras administraciones, como lo comenté. Lo que pasa es que eso ya depende de las obras, de las leyes secundarias; ya primero es la constitucional, luego son las leyes secundarias y pues platicado todo siempre en coordinación con el Ejecutivo y en beneficio de la gente y cuidando las finanzas, por supuesto”, concluyó la diputada.