Integrantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia; la madre de Carlos -uno de los 18 detenidos en el Campamento vinculado al crimen organizado y «reventado» el pasado sábado 26 de julio en Rincón de Romos- y el Observatorio de Violencia Social y de Género, desmintieron categóricamente al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso, quien en la víspera señaló que todos los que fueron encontrados en el campamento estaban ahí por voluntad propia y que en Aguascalientes no hay indicios de reclutamiento forzado.

«Claro que existe, mírenos a nosotros fiscal», le recriminaron al fiscal madres buscadoras que refieren que sus hijos fueron sustraídos por la fuerza de sus casas o comunidades, o enganchados con ofertas de trabajo y posteriormente, incomunicados.

«No nos puede decir que no hay desaparición forzada en Aguascalientes, lo sabe, le hemos puesto las carpetas de investigación en su escritorio y lo sabe» (Madres Buscadoras a Fiscal General del Estado, Manuel Alonso)

Refirieron que tan solo en el colectivo que los agrupa, son múltiples los casos con indicios de desaparición forzada y otros más relacionados con reclutamiento a través de ofertas de trabajo, tal como ocurrió con Carlos, quien desapareció en junio del 2025 y su mamá le identificó en la fotografía de los 18 detenidos en el campamento de Rincón de Romos.

La madre buscadora de Carlos refirió que el domingo 27 de julio del 2025, un día después de la entrada de fuerzas federales en el campamento desactivado en Rincón de Romos, ella pudo ver y hablar con su hijo, quien se encontraba con el rostro prácticamente desfigurado por golpes, un ojo con derrame y quemaduras en su mano.

A su hijo lo catalogan como criminal sin investigación previa y apegada a los Protocolos nacionales e internacionales, y esta, es una de las exigencias del Colectivo de Busqueda y el Observatorio para el caso específico del campamento de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos.

«En medio día «investigaron» y dijeron que Carlos iba a a eso, que sabía a lo que iba», recriminan las madres Buscadoras

Basto medio día para que desde la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes afirmaran ante la madre de Carlos que el joven ya sabía a lo que iba en el campamento desactivado, lo que para el colectivo y las activistas es una «investigación» y respuesta sin fundamentos, contraria al mes en que no actuaron para investigar la denunciada desaparición del joven.

El día de su desaparición, Carlos saldría rumbo a territorio de jalisco a trabajar, pero desde ese momento, su familia perdió comunicación con él, hasta que fue identificado en la fotografía del campamento intervenido; al respecto, Mariana Avila Montejano, titular del Observatorio de Violencia Social y de Género puntualizó que incomunicar a las personas es un rasgo de violencia que las autoridades no deben soslayar, así como tampoco las condiciones en las que fueron encontrados en el campamento, escondidos en la sierra, sin alimentos, sin esquemas de salud y con signos tortura.

Recordó que delitos como la trata de personas implica un trabajo forzado, la incomunicación y condiciones inhumanas, por lo que dijo, es urgente una investigación con profundo análisis de contexto y que no se descarte esta linea de investigación para que quien tenga que ser tratado como víctima de delito, así sea abordado.

Como el de Carlos, existen otros tres más, en los que los jóvenes detenidos en el campamento de Rincón de Romos, contaban con fichas de búsqueda y en todos los casos, según la narrativa de sus familias, salieron de sus hogares por ofertas de trabajo y de inmediato, se perdió comunicación con ellos.

El caso ocurrido en Aguascalientes ha generado la movilización de madres buscadoras de al menos seis entidades, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Torreón y Nayarit, además de una familia venezolana. Todas, piden a las autoridades den a conocer no sólo los nombres, pues muchas veces éstos son cambiados por temor a represalias, sino rasgos físicos y fotografías para facilitar la búsqueda de sus desaparecidos.

Al menos son 60 familias las que se han comunicado con el Colectivo y con el Observatorio para determinar si sus desaparecidos forman parte de los detenidos del campamento de Rincón.

Reiteraron que es irresponsable el actuar del Fiscal y sus declaraciones en las que señaló que todos estaban en aquel lugar por su voluntad y que ningún caso tiene relación con el reclutamiento forzado, por lo que además, solicitaron la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República, para que sea aquella instancia la que dé continuidad exclusiva al tema.