La Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A), integrada por diversas organizaciones sociales, denunció la intervención de actores externos al juicio de amparo contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), argumentando que dicha situación entorpece al desarrollo del proceso.

“Con estos movimientos que no logramos comprender, han retrasado el juicio, ya que el juzgado ha declarado la suspensión del procedimiento para resolverlos. Esto significa que todo el juicio se detiene hasta que se resuelva cada uno de estos nueve recursos, lo cual va a alargar el proceso bastante”, afirmó Alejandro Larios, director de Conversa Sur, organización integrante de la Alianza.

En este sentido, los activistas señalan que la intervención contra el juicio consistió en la promoción de nueve recursos por parte de una abogada del despacho Corporativo Blumen, con sede en Guadalajara; a nombre de un biólogo, quien, sostienen, no forma parte del juicio y por ende carece de legitimidad para intervenir.

“Este biólogo está registrado en el padrón de prestadores de servicios de impacto ambiental para el gobierno del Estado y es miembro activo del Colegio de Biólogos. Él no forma parte del juicio de amparo ni firmó la demanda, es decir, no tiene legitimidad para intervenir en el juicio”, añadió Alejandro Larios.

Los activistas afirman que la situación no es regular y solicitan que se dé claridad sobre el motivo por el cual una instancia ajena al estado presenta recursos legales que solo retrasan la resolución de un proceso que lleva más de seis meses desde que comenzó, y que amenaza con permitir el inicio de obras que podrían perjudicar el medio ambiente.

“Nos extraña profundamente la estrategia que está tomando el biólogo y su representación legal. No es común que una persona completamente ajena al juicio promueva nueve recursos para intentar intervenir en un proceso donde no tiene participación legítima. Debido al contexto ambiental de Aguascalientes y la importancia de este caso, exigimos que se aclare esta situación que está retrasando el juicio. Si el juicio se demora más, aumenta el riesgo de que se otorguen permisos o inicien obras que puedan causar daños irreparables”, añadió Pavel Castañeda, representante de ADN-A.

Finalmente, los activistas hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno a asumir responsabilidades, tomar decisiones con base en el interés colectivo y la justicia ambiental, así como a comprometerse a abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en áreas naturales bajo amenaza por el POEL mientras se resuelve el juicio.

“Reiteramos esta petición de que asuman su responsabilidad y garanticen que las decisiones sobre el territorio se apeguen a una legalidad sin simulaciones, al interés colectivo y a los principios de justicia ambiental. Que se abstengan de cualquier acto de simulación o complicidad con intereses privados y que tomen medidas inmediatas para proteger a La Pona y otras áreas naturales bajo amenaza, como Cobos, Peñuelas, Cerro del Muerto, incluso la Sierra Fría. Exigimos además que se pronuncien públicamente sobre lo que está ocurriendo con el juicio del POEL y que vengan garantías claras de que no se otorgarán permisos mientras el juicio siga en curso”, concluyeron los activistas.