Jorge Montaño Ventura, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que, para las elecciones del Poder Judicial, se establecerá un tope de gastos de campaña para quienes busquen contender por cargos tanto en magistraturas como en juzgados a nivel federal.

“Está considerado el tope máximo para el cargo. Voy a decir un cargo: las y los ministros podrían gastar alrededor de 3 y 4 millones de pesos; y para jueces y juezas, alrededor de 220,000 pesos. Hay que tomar en consideración que el cargo en la Corte tiene una jurisdicción nacional, nuestro país tiene 32 entidades, y el cargo para los jueces de distrito es una circunscripción menor, más limitada. Entonces, por eso la diferencia en los recursos”, señaló Jorge Montaño.

En este sentido, el consejero nacional indicó que los aspirantes a magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán un tope máximo de entre 3 y 4 millones de pesos, mientras que quienes aspiren a juzgados federales contarán con un límite de 220,000 pesos.

Sobre la procedencia del dinero, Jorge Montaño afirmó que deberá ser propio de los aspirantes y que no podrán recurrir a recursos públicos o fuentes ilícitas. Para ello, se trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación Mexicana de Bancos, de modo que, al momento de fiscalizar los recursos, se pueda advertir e investigar cualquier irregularidad en los gastos y, en su caso, realizar una auditoría o presentar una denuncia.

“Hay una coordinación y hay convenios incluso con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Asociación Mexicana de Bancos, precisamente para que, cuando se advierta en la fiscalización que hay un dinero y exista duda, se investigue”, afirmó el consejero del INE.

Finalmente, estos topes aplican a nivel federal, pues dentro de las elecciones para juzgados y magistraturas locales, la convocatoria expedida por el Congreso Estatal establece que la única manera de promover a los aspirantes locales será mediante tiempos oficiales en medios de comunicación y otras disposiciones que determine el Instituto Estatal Electoral.