Desde el Congreso Estatal de Aguascalientes se evalúan hasta cinco iniciativas distintas relacionadas con el maltrato animal, señaló el legislador Roy Cervantes. Estas, indicó, serán consideradas para el proyecto de decreto final que tipifique actos de maltrato, crueldad, entre otros, contra animales como delitos en el Código Penal del estado.

“Son cinco iniciativas las que se van a acumular, se van a comparar las penas, los castigos y, bueno, pues aquí lo importante es proteger en este tema, escuchar y sobre todo solucionar una petición ya sentida”, señaló la diputada Alma Hilda Medina, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

En este sentido, dando continuidad a lo señalado por las asociaciones ambientalistas, los legisladores llevaron a cabo el Foro de Bienestar Animal, organizado por el diputado Roy Cervantes, mediante el cual participaron asociaciones civiles, especialistas y autoridades con la finalidad de construir de manera conjunta la iniciativa que agravie las penas por maltrato animal. Se espera que esta iniciativa se vote el 26 de junio, previo a la finalización del segundo periodo ordinario.

“Vamos a hacer todo porque salga antes del 26 de junio, que es nuestra última sesión de este segundo periodo del primer año, y muy comprometidos con el tema”, añadió la legisladora.

Asimismo, se destaca que una de las iniciativas que se contemplan y que ha recibido el Congreso Estatal proviene directamente del ayuntamiento. Al respecto de esta iniciativa, Enrique García López, secretario del Ayuntamiento, destacó que su principal objetivo es complementar las dos iniciativas del Congreso, así como incluir el concepto de “animales domésticos”.

“Y la idea es que reciban esta iniciativa también para que pueda ser dictaminada, sumándole nosotros el tema de animales domésticos, que es puntualmente el concepto que reconoce la Suprema Corte de Justicia”, señaló el secretario.

El secretario señaló que con esta iniciativa se pretende incluir sanciones penales al maltrato animal de un año de prisión, además de sanciones administrativas más severas que las estipuladas actualmente en el reglamento municipal, que son de 100 UMAs.