Al menos el 30% de las más de 3,000 llamadas que diariamente recibe la línea de emergencia 911 en Aguascalientes son improcedentes, señaló Michelle Olmos, directora del C5i del estado.
“El 30% de las llamadas diarias son improcedentes, no necesariamente de broma, pero son personas que nos hablan para preguntarnos cómo quedó el América o qué día pasa la basura, también se consideran como improcedente”, afirmó la directora.
En este sentido, explicó que no solo las llamadas de broma son catalogadas como improcedentes, sino también aquellas en las que no se solicita ningún tipo de ayuda y únicamente se busca hablar de temas ajenos a la línea de emergencia.
Asimismo, la directora se refirió al caso del payaso «Kuik Smile«, quien recientemente se hizo viral tras presionar un botón de emergencia que conecta con el 911 a modo de broma, grabar el hecho y subirlo a sus redes sociales; destacando que actualmente el caso está siendo judicializado y que el intérprete recibirá una sanción conforme a la ley por el uso incorrecto del botón.
“Sí, del tema del payaso “Kuik”, sin duda es un caso lamentable. Creo que lo más importante a resaltar es que hay una sanción, es un tema de un delito cuando juegas con la línea de emergencia y es importante que la sociedad lo sepa y sea responsable con el número de emergencia”, señaló la directora del C5i.
Agregó además que el payaso acudió a las instalaciones del C5i, donde se sostuvo un diálogo con él.
“Fue judicializado, es importante comentarlo y no porque el personaje haya ido a C5. Estuvo ahí en las instalaciones, personalmente le expliqué cómo funcionamos, todo lo que hoy hacemos y se lo dije, ‘Ven para que conozcas de lo que te burlaste.’ No por eso se va a emitir el perdón, es importante comentarlo; él sigue su proceso y está en espera de la sentencia que tiene que dictar un juez”, explicó Olmos.
Finalmente, sobre la sanción que podría recibir el payaso, Michelle Olmos y el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, señalaron que esto será determinado por un juez, pero que lo más probable es que se le aplique una multa, trabajo comunitario o incluso privación de la libertad.
“En cuanto le fijen una nueva fecha para la audiencia inicial, precisamente el juez podrá determinar su sanción que puede ser trabajo a la comunidad, sanción privativa de la libertad o una multa que puede ser más de 200 días de salario”, añadió el fiscal.
