Activistas ambientales pertenecientes a las asociaciones Salvemos La Pona, ADN-A Aguascalientes, Guardianes del Monte y Guardianes del Mezquite denunciaron un presunto sabotaje judicial en Aguascalientes que estaría afectando todos los procesos ambientales en curso y poniendo en riesgo su continuidad.
“La justicia ambiental en Aguascalientes está siendo blindada por los intereses inmobiliarios, amenazando el futuro de distintas luchas ambientales. Recientes sabotajes judiciales, así como la elección de jueces y juezas cercanos al gobierno estatal de Teresa Jiménez, al Ayuntamiento de Aguascalientes encabezado por Leonardo Montañez y a las inmobiliarias, representan un riesgo para el futuro de los derechos al medio ambiente, al agua, a la ciudad y a la vivienda en el estado”, señalaron representantes de las asociaciones.
En este sentido, los ambientalistas evidenciaron que en la nueva elección judicial fueron seleccionados para encabezar los juzgados del estado varios perfiles que mantenían una relación estrecha con los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes.
Uno de los casos mencionados corresponde a Javier Soto Reyes, quien, previo a su designación como juez del Séptimo Distrito en Aguascalientes, habría fungido entre 2023 y 2024 como director de Asuntos Jurídicos y posteriormente como secretario del Ayuntamiento. Afirmaron que durante dicho periodo intervino en los juicios de amparo de La Pona y del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
“Un ejemplo emblemático es el de Javier Soto Reyes, quien entre 2023 y 2024 fue director de asuntos jurídicos y posteriormente secretario del ayuntamiento y director general de gobierno… donde regía las políticas jurídicas y supervisaba y evaluaba las actividades que se realizaban en materia jurídica por parte de las dependencias de la administración pública municipal. Por lo que conoce e intervino como apoderado legal en los juicios de amparo presentados contra la destrucción de La Pona, contra los incendios provocados y contra el programa de ordenamiento ecológico, conocido como el caso de la Ranita de Madriguera”, añadieron.
Sin embargo, afirmaron que este no es el único caso, pues detallaron que al menos otros diez perfiles, magistrados de los tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal, habrían estado previamente relacionados con el gobierno, desde dependencias como el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado, el Instituto de Educación de Aguascalientes y la Consejería Jurídica Estatal, entre otros.
Por su parte, la abogada Carla Escoffié, quien forma parte del equipo legal en los casos previamente mencionados, denunció irregularidades en los procesos de los juicios de amparo, señalando retrasos, acumulaciones, redirecciones e incluso casos donde se manejan dos expedientes distintos de manera simultánea.
“El caso de la ranita de madriguera permaneció más de seis meses congelado porque un biólogo presentó decenas de recursos ociosos e improcedentes con el único objetivo de suspender el juicio. En el caso de La Pona, todos los amparos presentados por la deforestación del pasado 25 de abril de 2025 fueron acumulados y redirigidos al Juzgado Séptimo de Distrito. Sin embargo, el juicio ha avanzado sin que nos dieran acceso al expediente, sin notificarnos legalmente de los acuerdos publicados en dicho expediente y, lo más inexplicable, el juzgado está tramitando el mismo juicio en dos expedientes distintos, generando incertidumbre jurídica acerca de dónde se le está dando trámite legal al juicio por La Pona”, detalló la abogada.
Dicha situación, señaló Carla Escoffié, representa un riesgo, debido a que cualquier acción para garantizar la protección de las áreas naturales tendría que pasar por juzgados que, afirma, están siendo acotados por el Gobierno Estatal.
“Esto va a ser un problema para la justicia ambiental en Aguascalientes. Si mañana ocurre algo en el bosque de Cobos, si mañana hay un nuevo desarrollo del cual no sabemos todavía, la posibilidad de protegerse vía judicial está en serios riesgos, porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno de Aguascalientes es acotar el poder judicial a través de la elección judicial”, señaló la abogada.
Asimismo, Sofía González, presidenta de Salvemos La Pona, denunció la falta de inclusión de las asociaciones dentro de los procesos de negociación por el predio de La Pona, a quienes, afirma, no se les ha tomado en cuenta pese a lo señalado por el secretario de Gobierno.
“Nos comentaron que ya hay un grupo de personas construyendo ese plan de manejo y, pues, solicitamos tener un espacio en ese grupo y hasta la fecha no se nos ha tomado en cuenta. Desconocemos completamente del asunto, si realmente está pasando o no está sucediendo, no lo sabemos. Estamos completamente bloqueados en el acceso a esos sitios donde se están discutiendo cosas de la mezquitera y, pues, para el caso de los demás temas”, comentó Sofía González.
Finalmente, los ambientalistas realizaron un llamado a la ciudadanía de Aguascalientes a unirse para enfrentar la problemática ambiental y proteger las áreas naturales que, señalan, se ven amenazadas desde el ámbito judicial. Asimismo, exigieron un escrutinio sobre las personas juzgadoras para garantizar la imparcialidad en los temas relacionados con el medio ambiente.
