Vania Gutiérrez, vocera del colectivo Deudores Alimentarios y de la asociación civil Maternidades Autónomas y Libres, manifestó su descontento ante una iniciativa presentada en el Congreso Estatal de Aguascalientes por la diputada Laura Ponce, que busca que toda persona que reciba una pensión alimenticia tenga que comprobar sus gastos mediante facturas, lo cual —según señaló— es inconstitucional.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2022 sacó una jurisprudencia donde dice que no es la persona que ejerce la guardia y custodia de un menor de edad o que tenga el derecho de recibir pensión, no está obligado a comprobarlo, pues la carga probatoria es de la otra parte que debe de dar cierta cantidad, es a él al que se le debe de pedir que sí esté cumpliendo la pensión”, afirmó Vania Gutiérrez.
En este sentido, la jurisprudencia a la que hace referencia la vocera del colectivo Deudores fue publicada en el informe número 393/2022, mediante el cual la SCJN señala lo siguiente:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia derivada de una contradicción de criterios, en la que determinó que, por regla general, no es una obligación para el progenitor que ejerce la guarda y custodia, rendir cuentas al deudor alimentario sobre la administración de la pensión alimenticia que recibe en favor de una persona menor de edad.
La iniciativa propuesta por la legisladora Laura Ponce argumenta que el objetivo es garantizar que la pensión recibida por el tutor del infante se utilice de manera correcta y no con otros fines. Sin embargo, según comenta Vania Gutiérrez, existen muchos otros mecanismos para asegurar el uso adecuado del dinero sin vulnerar los derechos de la infancia ni de las personas encargadas de su crianza, quienes en su mayoría, en México, son las madres.
“Entiendo que dicen ‘Ah, es que pues sí, pero también a lo mejor va a haber custodios que no se gastan la pensión como debe de ser a los niños’, pero para eso ya hay otros mecanismos […] Para todo eso ya hay legislaciones, ya hay manera de salvaguardar ese tipo de cosas”, añadió Vania Gutiérrez.
De esta manera, la vocera del colectivo de Deudores señaló que la iniciativa presentada en el Congreso atenta contra los derechos de la infancia y de las madres o personas tutoras que podrían verse violentadas por esta situación.
“No estamos protegiendo a las niñas, niños y adolescentes (con este iniciativa), estamos dando más herramientas a la otra parte para seguir ejerciendo violencia, violencia psicológica, violencia vicaria y violencia económica”, argumentó Vania Gutiérrez.
Finalmente, la vocera del colectivo Deudores Alimentarios y de la asociación civil Maternidades Autónomas y Libres explicó que este tipo de mecanismos imposibilitan el desarrollo adecuado de la infancia, ya que al tener que comprobar cada gasto con factura, las personas tutoras se verían obligadas a abstenerse de realizar ciertos gastos que no pueden comprobarse formalmente.
“Porque para la Suprema Corte, todo el ejercicio que hay alrededor de comprobar gastos son por medio de facturas. ¿Tú crees que el de la paletita va a tener un sistema de factura? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las madres van a decir ‘Hijo, no te puedo comprar tu paleta de 5 o 10 pesos, porque me van a pedir el gasto de esto’”, añadió Vania Gutiérrez.
